La Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa ( DDCS ) se adoptó en el verano de 2024 tras intensos debates políticos. El objetivo es animar a las empresas a asumir una mayor responsabilidad identificando, minimizando y evitando los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
La directiva entra en vigor gradualmente:
- julio de 2026: Transposición de la directiva a la legislación nacional.
- Julio de 2027: se aplica a las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a 1.500 millones de euros.
- Julio de2028: Se aplica a las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocios de 900 millones de euros.
- Julio de 2029: se aplica a las empresas con al menos 1.000 empleados y un volumen de negocio de 450 millones de euros.
Las empresas deben identificar los riesgos y tomar medidas para reducir las prácticas perjudiciales. Son obligatorios un mecanismo de denuncia y un plan de cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE. Se adopta un enfoque basado en el riesgo: Las empresas no pueden resolver todos los problemas de inmediato, eso sería casi imposible. "Hay que empezar por donde existen los mayores riesgos", dice Chiara Mingozzi.
Quienes no cumplan la normativa deben esperar sanciones severas. Las sanciones ascienden como mínimo al 5% de la facturación neta global. Además, las empresas pueden incurrir en responsabilidad civil, prescribiendo las reclamaciones hasta cinco años después de la infracción. Para facilitar su aplicación, la UE ofrece directrices y un servicio central de asistencia.

El reglamento que prohíbe el trabajo forzoso pretende garantizar que no se ofrezcan en el mercado de la UE productos procedentes del trabajo forzoso, ni bienes importados ni productos fabricados en la UE. Tras el acuerdo de abril de 2024, se espera que el reglamento entre en vigor en diciembre de 2025. Entonces será plenamente aplicable a finales de 2027 o principios de 2028.
Un punto clave: la carga de la prueba no recae en la empresa. lo explica Chiara:
Las autoridades solo pueden retirar productos del mercado si ya han completado todas las investigaciones necesarias.
Y eso lleva al menos nueve meses. Por tanto, las empresas sólo tienen que reaccionar cuando hay pruebas concretas contra un producto.
El procedimiento comienza con una solicitud que puede presentar cualquier persona u organización, con las pruebas pertinentes. Tras una investigación preliminar, las empresas afectadas tienen 30 días para presentar contrapruebas. Si persisten las dudas, se inicia una investigación formal con posibles inspecciones in situ. La decisión final puede tardar hasta nueve meses.
Si las autoridades detectan trabajo forzado en la cadena de suministro, el producto se retirará del mercado. Si hay partes individuales afectadas, sólo éstas pueden retirarse, aunque esto suele ser difícil en el caso de los textiles o el calzado. Si la producción se ha reconvertido a condiciones sostenibles y justas, el producto puede volver a autorizarse.
La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo aumentar la transparencia sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y las normas sociales. Entró en vigor en enero de 2023, pero solo se aplica a las grandes empresas de interés público desde 2024. A partir de 2025, le seguirán otras grandes empresas que antes no estaban sujetas a la Directiva de Información No Financiera (NFRD) y, a partir de 2026, también estarán obligadas a hacerlo las PYME que coticen en bolsa.
Ninguna de las empresas ha empezado aún a informar: los primeros informes correspondientes al ejercicio 2024 no se publicarán hasta 2025. Las empresas deberán presentar sus informes de sostenibilidad en el Formato Electrónico Único Europeo (ESEF), a más tardar 12 meses después de la fecha del balance.
El CSRD también trae consigo normas de información sectoriales (ESRS). Aunque ya están en vigor las normas generales del ESRS, en 2026 entrarán en vigor requisitos específicos para artículos deportivos, textiles y calzado. Se introducirá un requisito de auditoría externa con fines de control.
Se aplicará una garantía de auditoría limitada hasta octubre de 2028, seguida de controles más estrictos. Las empresas con matrices fuera de la UE deberán informar ellas mismas u obligar a publicar a sus filiales de la UE. Las DRSC establecen así nuevas normas de gobierno corporativo sostenible.

El nuevo reglamento de la UE sobre deforestación pretende garantizar que no se comercialicen en el mercado europeo productos asociados a la deforestación ilegal o perjudicial. Este reglamento afecta a la carne de vacuno, el cacao, el café, el aceite de palma, el caucho, la soja y la madera, así como a todos los productos elaborados a partir de ellos.
En principio, el reglamento debía entrar en vigor a finales de 2024, pero se aplazó un año. Ahora se aplicará a partir de diciembre de 2025 para las grandes empresas y a partir de diciembre de 2026 para las más pequeñas. El Reglamento se aplica a todos los operadores y comerciantes que comercializan o exportan los productos afectados.
Deben asegurarse de que sus cadenas de suministro cumplen la normativa.
La responsabilidad de cada producto recae en las propias empresas,
subraya Chiara. Para ello, deben recopilar información, evaluar los riesgos y tomar las medidas adecuadas. Además, las empresas deben presentar una declaración de diligencia debida para cada producto, que contenga detalles sobre el origen geográfico.
Las sanciones por infracción son severas: multas de al menos el 4% del volumen de negocios anual, y también pueden confiscarse los ingresos y los productos. La UE envía así una señal clara contra la deforestación: las empresas deben actuar ahora para cumplir la normativa a tiempo.
El Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM) es un componente central de la estrategia climática de la UE. Se aplica principalmente a las mercancías duras y pretende garantizar que los productos importados soporten los mismos costes de CO2 que los productos procedentes de la UE. El objetivo es evitar la deslocalización de la producción intensiva en CO2 a países con normas medioambientales menos estrictas.
La CBAM se aplica al cemento, el hierro y el acero, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno, así como a algunos subproductos. El reglamento entró en vigor en mayo de 2023, con una fase transitoria a partir de octubre de 2023. Desde entonces, las empresas tienen que informar trimestralmente sobre las emisiones de sus productos importados. El primer plazo expiró en enero de 2024.
La fase final comenzará en enero de 2026, cuando los importadores no sólo tendrán que informar, sino también comprar y entregar certificados de CO2. Los costes se basan en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE). Una empresa puede utilizar el anexo del reglamento para comprobar si su producto está afectado. "Basta con comparar el código NC del producto con el del reglamento", es la recomendación.
Hay excepciones para las mercancías devueltas, las muestras y los pequeños envíos de hasta 150 euros. Quien presente informes incorrectos o incompletos se arriesga a sanciones de 10 a 50 euros por tonelada de CO2 no declarada. Las autoridades nacionales competentes se encargan de hacer cumplir la normativa.
La presión sobre las empresas es cada vez mayor en lo que respecta a las obligaciones de diligencia debida, compensación de carbono, deforestación, trabajo forzoso e informes de sostenibilidad. Las primeras obligaciones ya entrarán en vigor este año. Para estar preparadas a tiempo, las empresas deben empezar ya a integrar los requisitos normativos en sus estrategias. En ISPO 2025, podrá averiguar cómo puede ser esto concretamente y qué hay que tener en cuenta. En el área de Soluciones de Sostenibilidad, podrá intercambiar ideas con expertos, descubrir nuevas tendencias y presentar usted mismo innovaciones. El Green Stage no solo le proporcionará ideas prácticas, sino también orientación y soluciones concretas sobre cómo prepararse y preparar su marca para las nuevas normas de sostenibilidad. Asista y participe activamente en el futuro de la industria del deporte, del 30 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich. - 02 DIC. en Múnich.
- Transparencia de la cadena de suministro: las empresas deben comprobar la sostenibilidad de sus cadenas de suministro e informar periódicamente al respecto.
- Cumplimientode la normativa: El trabajo forzado y la deforestación ilegal deben evitarse en la cadena de suministro.
- Gestión de riesgos: los riesgos deben identificarse en una fase temprana y minimizarse de forma selectiva, especialmente en el caso de los factores de mayor riesgo.
- Cumplir losobjetivos climáticos: El cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE debe formar parte de la estrategia corporativa, especialmente a través de informes y certificados de CO2.
- Prepararse para las sanciones: Las empresas deben asegurarse de que cumplen todas las nuevas normativas para evitar fuertes sanciones.
Adaptándose a tiempo, las empresas pueden evitar riesgos y asegurar su competitividad.
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